Els socis de la uep podran tramitar les cèdules d’habitabilitat i les certificacions energètiques en condicions avantatjoses

Els socis de la uep podran tramitar les cèdules d’habitabilitat i les certificacions energètiques en condicions avantatjoses

Gràcies a l’acord que ha arribat la patronal penedesenca amb la delegació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació

Les empreses i els seus treballadors i professionals associats a la Unió Empresarial del Penedès podran tramitar l’obtenció de cèdules d’habitabilitat o certificats d’eficiència energètica més ràpidament i a un preu més econòmic gràcies a l’acord que ha arribat la UEP amb la delegació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

L’acord també inclou la inspecció tècnic d’edificis i els corresponents visats que s’han d’obtenir per poder acreditar aquests tràmits. Es tracta, doncs, d’una mena de finestreta ràpida on els associats a la UEP podran acudir per obtenir aquests certificats de manera més ràpida i a un preu avantatjós. Les sol·licituds s’hauran de tramitar a través de la UEP, que serà qui contactarà amb el tècnic-aparellador que hagi d’intervenir en cada cas.

Les cèdules d’habitabilitat que es podran tramitar en aquestes condicions corresponen a la segona ocupació d’habitatges plurifamiliar o unifamiliar, i els certificats d’eficiència energètica es divideixen en dos tipus: per habitatge individual plurifamiliar i locals fins a 50 m2; i per  habitatges unifamiliars i locals de més de 50 m2.

L’acord entre la UEP i la delegació del Col·legi d’Aparelladors es va signar el passat 15 de gener, a la seu del col·legi, a la plaça Penedès 3, 4a planta de Vilafranca del Penedès.

PER MÉS INFORMACIÓ CONTACTAR AMB LA UEP: Tel.: 93 892 54 04 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

El período medio de pago de las Comunidades Autónomas se sitúa en 88 días

El período medio de pago de las Comunidades Autónomas se sitúa en 88 días

(El País, 23-01-2015)

El período medio de pago (PMP) de las Comunidades Autónomas en noviembre se sitúa en 58,15 días, a los que hay que unir los 30 días de registrarse una factura, lo que significa que, en realidad, las autonomías pagan a sus proveedores a 88 días. De esta forma, salvo País Vasco y Navarra, el resto de comunidades incumplen la legislación vigente.

El Ministerio de Hacienda señaló en un comunicado que el período medio de pago de noviembre aumentó en 6,14 días es registrado el año anterior. Los peores resultados se registran en la Comunidad Valenciana, cuyo período medio de pago asciende a 92,47 días, es decir, abona su deuda comercial a 122,47 días. Aragón, Extremadura o Baleares también pagan con mucho retraso, por encima de los 110 días.

En cambio, Navarra y País Vasco cuentan con un índice PMP negativo. Esto es así porque pagan antes de los primeros 30 días desde que se registra la factura. Además de las comunidades forales, también Asturias, Canarias, Cantabria y Galicia cumplen mantienen un período medio de pago inferior a los 30 días. El resto lo incumple.

 

El FMI calcula que la economía española crecerá un 2% en 2015.

El FMI calcula que la economía española crecerá un 2% en 2015.

El FMI calcula que la economía española crecerá un 2% en 2015.No obstante, el Fondo contempla que la economía española se ralentice en 2016 y fija su crecimiento en el 1,8%, exactamente el mismo nivel que calculaba hace tres meses. Donde la recuperación sí parece asentada es en los mercados financieros. Los bonos españoles a diez años tocaron durante la sesión de ayer su mínimo histórico en el mercado secundario.

 

Cae el gasto de las bajas laborales un 35%

Cae el gasto de las bajas laborales un 35%

(Cinco Días, 27-01-2015)

Los gastos originados por bajas laborales han descendido en el último un 35%. Sin duda, la crisis ha ayudado a que muchos trabajadores –públicos y privados- no se hayan tomado a la ligera los procesos de incapacidad temporal. Con la aprobación de la Ley de Mutuas, el Gobierno quiere reducir el gasto en bajas temporales. Las cifras publicadas por la Seguridad Social ponen de manifiesto que el pago de prestaciones por IT a los trabajadores es una de las partidas más abultadas de su presupuesto. Empleo estima que en 2014 el sistema desembolsó por este concepto un total de 4.878,37 millones de euros, un 2,72% menos que un año antes.

El descenso es mucho más significativo si se compara con 2008, el año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica, que arranca en 1990, con un total de 7.533,87 millones. Si se comparan ambas cifras, el desplome alcanza el 35,2%. No en vano, en los últimos seis años el gasto en IT se ha ido reduciendo ejercicio tras ejercicio a un ritmo del 6,9% anual, aunque en 2012, coincidiendo con los cambios normativos aprobados por el Ejecutivo para el sector público, el retroceso fue del 14,11% anual.

Los funcionarios y empleados públicos que causen baja por contingencias comunes verán reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurría antes de la reforma en todos los casos y desde el primer día de la baja.

 

Conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa

Conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa

Juzgado de lo Mercantil Alicante, n.º 1, 26-11-2014

Informe de la Administración Concursal de conclusión del concurso "ex" art. 176 bis por insuficiencia de masa, no hay acciones pendientes de reintegración ni de responsabilidad de terceros.

Es absurdo declarar concurso, pues se multiplican costes para la masa y se daña a los acreedores privilegiados. La conclusión y cancelación registral con existencia de activos no perjudica al acreedor al ser la concursa titular de derechos y obligaciones hasta agotar sus relaciones jurídicas según el TRLSC. La DGRN mantiene la subsistencia de personalidad jurídica de la sociedad extinta como centro residual de imputación.