El pacto salarial de sindicatos y empresarios estará vigente hasta 2017

Las patronales CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO. han celebrado este martes una reunión de carácter técnico en la que han ratificado el "principio de acuerdo" alcanzado ayer para la firma del nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los años 2015, 2016 y 2017. De esta forma, el preacuerdo garantiza que las subidas salariales conllevarán una ganancia de poder adquisitivo respecto al IPC, la condición necesaria que habían establecido los sindicatos para poder firmar un acuerdo.

Para el año 2017, este principio de acuerdo fija que la subida salarial correspondiente se concretará cuando se conozca tanto el PIB de 2016 como el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017. "Estos incrementos se encuentran orientados al mantenimiento y/o creación de empleo", apostillan las partes en un comunicado conjunto, en el que apuntan que "el acuerdo se inscribe en la senda de mejora de la economía española y persigue dar respuesta desde la negociación colectiva al importante volumen de desempleados".

Treinta y dos de las 35 empresas del Ibex tenían presencia en paraísos fiscales en 2013

Sólo tres de las 35 empresas del Ibex no tenían presencia en paraísos fiscales en 2013. Indra, Sacyr y Mediaset son las únicas empresas del Ibex exentas de estar en paraísos fiscales, según revela el análisis que elabora el Observatorio de RSC, que evalúa el grado de transparencia de la información de buen gobierno, social y ambiental que facilitan las empresas.

Concretamente estas empresas contaban en 2013 con 540 sociedades en paraísos fiscales, 73 filiales más que en 2012 y 103 más que en 2011. Se consideran paraísos fiscales, además de los previstos en la legislación española, los territorios del listado del Parlamento Europeo, la OCDE y de la Tax JusticeNetwork.

Delaware sigue siendo el territorio offshore favorito del Ibex. Allí estaban localizadas 222 sociedades participadas por grupos españoles, casi el doble que en 2012, ocupando dos direcciones. Sólo en el número 1209 de Orange Street, de la localidad de Wilmington (70.000 habitantes), están ubicadas 134 firmas (entre ellas, 39 de Iberdrola, 29 de ACS, 26 de Santander y 23 de BBVA). En ese mismo domicilio figuran 285.000 empresas. Tras Delaware se sitúan Holanda (104 entidades), Luxemburgo (35), Irlanda (22), Hong Kong (22), Islas Cayman (19) y Singapur (17).

Las empresas no tendrán que revelar su información confidencial

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha suspendido el procedimiento electrónico para la presentación de los libros sociales (Cuentas Anuales, Diario, Actas de las Juntas Generales y órganos colegiados, los Registros de Acciones Nominativas y de Socios o el Libro-Registro de Contratos), regulado por la Instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) de 12 de febrero de 2015, en aplicación de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.

El recurso, presentado por la Asociación de Emisores Españoles, constituida por empresas cotizadas -incluidas las del Ibex 35-, alegaba la falta de seguridad que existe con respecto a la información confidencial de las empresas que presentada en los Registros Mercantiles, desde el momento de entregarlos libros para su legalización.

Este procedimiento tiene como fin primordial que nadie pueda manipular los libros de la sociedad, ni arrancar hojas para hacer desaparecer, datos, cuentas o acuerdos. El problema es que hasta ahora se presentaban en formato papel y con las hojas en blanco. Sin embargo, con el nuevo procedimiento electrónico se debe incluir la información en un archivo, que es validado por el Registro, pero que no goza de procedimiento de encriptación.

El Supremo aplica el silencio positivo al Fogasa

El Tribunal Supremo ha dado la razón a un trabajador al que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) le denegó el pago del 40% de la indemnización que le correspondía por la extinción de su contrato laboral. La respuesta del Fogasa a la solicitud de este trabajador excedió del plazo de tres meses establecido legalmente, por lo que el Tribunal Supremo entiende que en este caso entra en juego el silencio administrativo positivo. La sentencia puede impulsar una ola de reclamaciones de otros empleados despedidos que recurrieron a este organismo ante la insolvencia del empleador.

El trabajador solicitó el pago de su indemnización en marzo de 2011, pero el Fogasa no emitió resolución hasta julio de 2011, notificándose al trabajador que se le denegaba la prestación en septiembre del mismo año. El afectado, alegando que se había sobrepasado el plazo de tres meses para que el Fogasa respondiera su solicitud, recurrió la decisión del organismo, primero ante el Juzgado de lo Social y luego ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quienes dieron la razón al Fogasa.

Posteriormente, el trabajador presentó recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que ha estimado la reclamación del demandante y ha anulado las sentencias anteriores. El Alto Tribunal entiende que, pese a que el Fogasa resolvió denegarle el pago de la indemnización, lo hizo fuera del plazo máximo de tres meses establecido legalmente, por lo que el vencimiento de la fecha tope sin haberse notificado la resolución "legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo".

El Supremo recuerda que lo único que puede impedir el juego del silencio positivo por el transcurso del plazo máximo en resolver es que exista norma con rango de Ley o norma de derecho comunitario que establezca para el caso el efecto negativo del silencio.

Más de 400 millones de fraude a la Seguridad Social desde 2013

La sección de investigación de la Seguridad Social ha descubierto, desde 2013 y hasta el primer trimestre de 2015, un fraude de 401 millones de euros a la Seguridad Social. En este período se ha detenido a 2.698 personas y se ha imputado a 3.627. Estos datos se han desvelado hoy tras la firma de un convenio de colaboración en la lucha contra el fraude y la delincuencia económica entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha avanzado que el impacto económico de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social desde 2012 alcanza los 12.222 millones de euros.

Según la ministra, desde 2012 han aflorado 274.089 empleos y 128.007 contratos temporales se han convertido en indefinidos como consecuencia de la actuación de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, desde 2012 se han detectado más de 5.000 cuentas de cotización correspondientes a empresas ficticias, creadas con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social, y se han anulado 11.050 altas ficticias de trabajadores.