El Ministerio de Justicia pone en marcha la tercera encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad

El Gobierno pagará cuatro millones de euros al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que sigan haciendo la gestión de los expedientes de nacionalidad que ya tenían encomendada desde 2012, sin que hasta ahora recibieran cantidad alguna. Esta resolución publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado se une a otras que ha ido adoptando el Gobierno en esta legislatura para incrementar los ingresos de los registradores de la propiedad. Por ejemplo, creando nuevos aranceles y gestiones obligadas en el registro para que incrementen sus ingresos.

El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió encomendarles la gestión de los expedientes de nacionalidad y del Registro Civil, pese a que no tenían nada que ver con ello, y el actual, Rafael Catalá mantiene la decisión. Su tesis es que son funcionarios y hubo compromiso expreso de que esas gestiones no supusieran gasto para los ciudadanos, ni para el presupuesto público. De hecho, según admite Justicia, hasta ahora no habían recibido más dinero, pese a que ya habían firmado dos acuerdos sucesivos para realizar estas funciones para desatascar los expedientes de nacionalidad. La versión oficial asegura que se trata de que puedan hacer frente a inversiones para adaptar su capacidad informática.