El TEAC limita los procesos de verificación de datos

El año pasado se dictaron diversas resoluciones que marcaron un cambio de criterio sobre la verificación de los datos cuando Hacienda te pedía más información sobre la declaración presentada. El TEAC (Tribunal Económico Administrativo Central) concluyó que la “utilización improcedente del procedimiento de verificación de datos” supone la “nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas”. Este cambio de criterio puede ser “demoledor para Hacienda”, pues “declarar nulo de pleno derecho el procedimiento de verificación de datos implica que la actuación inicial de la Agencia Tributaria no interrumpió la prescripción”.

Es decir, cuando Hacienda deba iniciar una comprobación limitada –una vez declarado nulo el proceso de verificación de datos– es probable que el ejercicio fiscal en cuestión ya haya prescrito. Hay que tener en cuenta que las campañas de comprobación suelen iniciarse como mínimo dos años después de la presentación de la declaración. Es decir, actualmente se está revisando el ejercicio 2013 y anteriores en el IRPF.

Además, la resolución abre la puerta a que los contribuyentes que sufrieron “una liquidación dictada en el procedimiento de verificación de datos insten su nulidad de pleno derecho” para obtener la devolución. Es decir, los contribuyentes que sufrieron paralelas en ejercicios anteriores deberían revisar si éstas se dictaron a través del procedimiento de verificación de datos y consultar si este mecanismo era el adecuado en su caso concreto. Si la Agencia Tributaria utilizó de forma indebida este proceso, el contribuyente puede reclamar la devolución y, además, puede que la prescripción impida iniciar una comprobación limitada o inspección sobre la misma infracción.

Los continuos reveses judiciales recibidos por Hacienda en este ámbito han provocado que actualmente la Agencia Tributaria haya limitado el uso del proceso de verificación de datos. Este mecanismo también fue muy utilizado por las Haciendas territoriales en el control del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.