Luz verde a la reforma del Código Penal

Luz verde a la reforma del Código Penal

(Expansión, 27-03-2015)

Tras más de un año y seis meses de tramitación parlamentaria, en la que se han presentado más de 2.000 enmiendas al articulado en Congreso y Senado, la reforma del Código Penal fue aprobada con el único apoyo expreso del PP y la oposición de todos los demás grupos parlamentarios, que lo consideran regresivo por el aumento “generalizado” de las penas y la introducción de la prisión permanente revisable, que consideran en la práctica la reinstauración de la cadena perpetua.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tomó la palabra al final del debate para subrayar que la reforma es “un mejor instrumento” para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, ya que el Código Penal se adecua a las nuevas formas delictivas para proteger mejor a quienes más lo necesitan. “Es, por tanto, un buen día para nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia”, subrayó.

La principal novedad en lo que afecta a las empresas de la nueva norma es que establece la obligación de que adopten medidas para evitar la comisión de delitos. El artículo 20 del nuevo Código Penal establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables “de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”. Dicho de otra manera, que las empresas deberán establecer las medidas de vigilancia y control idóneas “para prevenir delitos o el riesgo de su comisión”.

Otra de las novedades importantes en la reforma del Código Penal es la inclusión de un apartado dedicado en exclusiva a evitar “la corrupción en los negocios”, en el que quedan tipificados los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas. La norma modifica la tipificación del delito de insolvencia punible, estableciendo penas de cárcel y sanciones hacia aquellas personas que se declaren insolventes y no hagan frente a las deudas pendientes con sus acreedores en el proceso de un concurso.