Hacienda, a por bufetes y colegios de abogados

Hacienda redobla las inspecciones a bufetes y colegios de abogados dentro de la intensificación de su cerco a las sociedades instrumentales de profesionales. Así lo trasladan despachos, colegios y abogados. El escrutinio de la Agencia Tributaria (AEAT) tiene dos frentes: grandes despachos, a los que inspecciona por la facturación de servicios profesionales a través de sociedades interpuestas constituidas por socios del bufete, y firmas pequeñas o unipersonales, de las que pretende obtener información de los colegios.

La Agencia ha intensificado las actuaciones dirigidas a detectar la utilización abusiva de formas societarias en actividades empresariales en sus relaciones con socios, trabajadores, administradores o personas vinculadas, dirigidas a una disminución improcedente de la tributación global. Con el fin de apoyar estas actuaciones, la AEAT aprobó en 2014 un plan especial, de carácter voluntario, que estableció incentivos a la productividad de todos sus funcionarios y que pretendía recaudar 1.568 millones de euros más. De hecho, los ingresos por la lucha contra el fraude de 2014 han crecido un 12,5%, hasta situarse en los 12.300 millones.

Los requerimientos de Hacienda pretenden hacerse con toda la información y archivos relativos a la clientela. Sin embargo, una inspección intensiva del ordenador de una empresa es susceptible de ser anulada en los tribunales si no se realiza con autorización judicial, ya que se está inspeccionado lo que se considera el domicilio o lugar donde se desarrollan y custodian los secretos y, en el caso de bufetes, en vulneración del secreto profesional.

Libre circulación de sentencias

Libre circulación de sentencias

(Expansión, 29-01-2015)

Ya está en vigor el Reglamento que permite el reconocimiento y ejecución directa de sentencias en materia civil y mercantil de la UE y que ahorrará tiempo y dinero a empresas y consumidores. La libre circulación también llega a la Justicia. Desde el 10 de enero está en funcionamiento el Reglamento sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales.

La Comisión Europea calcula que esta libre circulación de sentencias supone un ahorro de 48 millones de euros al año a los órganos judiciales de la UE y entre 2.000 y 12.000 euros por caso. Hoy día se abren 10.000 procedimientos al año para pedir el reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en Europa.

No obstante, no se aplicará en arbitrajes ni a ninguna cuestión incidental relacionada con éstos, pero deja sin embargo abierta la cuestión de si aplica medidas cautelares en apoyo de procesos arbitrales. Tampoco se aplicará a procesos fiscales, aduaneros ni administrativos. También se excluyen regímenes matrimoniales, Seguridad Social y testamentos y sucesiones

 

La infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma por dos delitos fiscales

La infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma por dos delitos fiscales

(Cinco Días, 23-12-2014)

La infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, la haya incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios.

Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, que ha dictado este lunes y en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI. Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.

En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008. Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales-, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

 

Los tribunales se enfrentan a un aumento de la litigiosidad en el ámbito laboral

Los tribunales se enfrentan a un aumento de la litigiosidad en el ámbito laboral

(Expansión, 29-12-2014)

En un marco económico ya de por sí delicado, la reforma laboral ha disparado la litigiosidad entre empresas y empleados. Ambas partes buscan en la letra pequeña de la norma un resquicio que haga prosperar su causa. Aunque son los jueces los que sentencia a sentencia van definiendo los claroscuros de la ley, cada vez se enfrentan a situaciones más peculiares, en los que la picaresca es la gran protagonista.

Aunque la anulación de algunos expedientes de regulación de empleo, como el de Coca-Cola, Unipost o Radio Televisión Valenciana, son los que ocupan las portadas, en los juzgados la casuística va mucho más allá de la anulación de un ERE por defecto de forma.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de declarar que existe fraude en la iniciativa de una compañía que, amparada por la nueva normativa laboral, puso en marcha un ERE y utilizó las indemnizaciones de los trabajadores para volver a crear la misma empresa.

 

El Tribunal Supremo permite usar los SMS

El Tribunal Supremo permite usar los SMS

(El País, 30-12-2014)

El Tribunal Supremo ha ratificado la actuación de los padres de la menor Nora Ayala, de 16 años, hallada muerta ante la puerta de su casa en Palma en septiembre 2011, que accedieron y aportaron a la policía los archivos con sus comunicaciones telemáticas, en especial el registro de SMS de su teléfono móvil. La investigación con esos mensajes permitió descubrir que Nora fue víctima junto a otras cuatro chicas de una trama de inducción a la prostitución y a la drogadicción. Los autores fueron condenados a 59 años de prisión por la Audiencia de Palma. Los magistrados piden que se regule "con la máxima urgencia" la intervención de las comunicaciones telemáticas, sobre las que afirma que existe "una laguna".

El Supremo da por buena la condena para los siete responsables de la muerte de Nora, integrantes de una mafia de barrio ligada al tráfico de drogas y la explotación sexual de menores y considera a los acusados autores de los delitos por inducción a la prostitución, corrupción de menores y contra la salud pública.

Los magistrados asumen el uso legítimo y proporcionado de las copias de los mensajes recibidos y transmitidos por la menor, que no fueron borrados por los padres y "que equivalen a la correspondencia que puede ser conservada por la menor entre sus papeles privados".